El costo de vida en la región metropolitana sumó una fuerte presión regulatoria durante las últimas semanas, marcando una brecha notable respecto a la desaceleración de otros precios de la economía. De acuerdo con el último relevamiento conjunto de la universidad pública y el organismo nacional de ciencia, sostener los servicios esenciales de una vivienda promedio sin beneficios estatales requirió desembolsar un total de $249.834. Esto representa una aceleración mensual del 17,5% y un salto que roza el 50% si se lo compara con el mismo período de la temporada pasada.
La disparada de las boletas se explica principalmente por factores estacionales vinculados a la proximidad de los meses más fríos y por reajustes directos en los cuadros tarifarios. Las subas se ubicaron muy por encima de la última medición del índice de precios minoristas, que se había posicionado en el 2,6%. El rubro que lideró cómodamente la escalada fue el gas natural con un fortísimo incremento del 53,3%, impulsado por un consumo que llegó a duplicarse, seguido de cerca por el suministro eléctrico que avanzó un 37,8%, mientras que el agua potable escaló un 5,9% y el transporte público se acomodó un 3% arriba.
Esta evolución asimétrica viene consolidando una profunda transformación en la estructura de gastos de los hogares desde fines de 2023. Mientras que el nivel general de precios avanzó un estimado del 231%, la canasta de servicios públicos trepó un impactante 800%, arrastrada por la paulatina quita de subsidios y la implementación del nuevo esquema focalizado de asistencia energética. En este escenario, el gasto en movilidad urbana se transformó en el componente más pesado para el bolsillo, llegando a representar el 48% de la canasta total y restándole poder de compra a los salarios del sector formal en la comparación interanual.