La decisión de clausurar el acceso a la sede de Gobierno para los cronistas habituales y acreditados representa un hecho de una gravedad institucional difícil de asimilar. Esta disposición, que impide el ingreso de los trabajadores de prensa que diariamente cubren la actividad oficial, se percibe como una medida insólita y sin precedentes en la historia del país. Lo que resulta más alarmante es que este tipo de restricciones drásticas no se registraron con esta magnitud ni en los periodos democráticos más convulsos ni tampoco durante los años de la dictadura militar, marcando un quiebre absoluto con la transparencia informativa que debería regir en la Casa Rosada.
El trasfondo de esta determinación impulsada por la gestión de Javier Milei radica en una anulación masiva de las acreditaciones vigentes. De un momento a otro, los profesionales que desempeñan sus tareas en Balcarce 50 se encontraron con que sus permisos ya no tenían validez, bajo el argumento de una supuesta reorganización basada en criterios de seguridad. Esta maniobra ha generado un clima de incertidumbre total, ya que no se han brindado parámetros claros sobre quiénes podrán volver a entrar o qué requisitos discrecionales se aplicarán para otorgar las nuevas autorizaciones en el futuro. Teóricamente, la Casa Militar informó que un programa de TV con periodistas acreditados estaba haciendo imagenes del interior de la casa de gobierno sin autorización, lo cual no constituiría ningún problema si no es que inagresaran sin permiso a algún despacho, cosa que no sería así. Es por ello que simplemente se trataría de un argumento inventado para prohibir el acceso al periodismo en un momento en que el Presidente no tiene vocero, ya que Adorni no da mas conferencias de prensa ante la imposibilidad de responder a las preguntas que recibe sobre su escandalo por multiples propiedades y gastos que no condicen con su nivel de ingresos.
Dentro de los pasillos gubernamentales, la atmósfera se describe como de una «paranoia total», lo que habría motivado este blindaje extremo frente a la mirada pública. La intención parece ser el control absoluto del flujo comunicacional, eliminando la posibilidad de contacto directo entre los funcionarios y los periodistas. Para muchos trabajadores del sector, se trata de un atropello que busca aislar al poder de cualquier cuestionamiento, transformando la sede gubernamental en un búnker inaccesible para el periodismo.