La situación política en Río Negro atraviesa un momento de alta tensión tras conocerse detalles sobre la adquisición de una propiedad rural de grandes dimensiones. El foco de la controversia está puesto en la figura de Alberto Weretilneck, a quien se señala por una presunta facilitación en los trámites que permitieron a capitales extranjeros quedarse con hectáreas estratégicas en la zona de El Manso. Lo que comenzó como un rumor sobre inversiones inmobiliarias ha escalado a una crisis de confianza dentro de su propio espacio político, especialmente después de que se hiciera pública la triangulación de fondos para concretar la compra de la estancia.
El eje del escándalo gira en torno a la confesión de un empresario que admitió haber actuado como nexo para una donación proveniente de un jeque árabe. Esta maniobra permitió eludir restricciones locales y provinciales sobre la extranjerización de la tierra. Ante la magnitud de los datos revelados, las sospechas de una «colaboración» directa por parte de Alberto Weretilneck han fracturado la cohesión de su alianza. Los cuestionamientos no solo vienen de la oposición, sino de sectores internos que ven con preocupación cómo recursos naturales y soberanía territorial quedan sujetos a intereses de grupos económicos de Medio Oriente sin la transparencia adecuada.
Durante las últimas discusiones sobre el tema, se han destacado posturas críticas que subrayan la gravedad de los beneficios otorgados. Algunos protagonistas del sector inmobiliario y político local no han ocultado su malestar, señalando que este tipo de operaciones no podrían realizarse sin un visto bueno en los niveles más altos del ejecutivo provincial. La presión crece para que Alberto Weretilneck brinde explicaciones claras sobre los mecanismos de control que fallaron o que, presuntamente, fueron ignorados para beneficiar al magnate extranjero en detrimento de la regulación vigente.