El entramado financiero que rodea a Manuel Adorni ha sumado un capítulo desconcertante tras conocerse los detalles de la escritura de su vivienda en Caballito. Según los registros de la operación, el funcionario habría adquirido el inmueble de 230.000 dólares mediante un esquema poco habitual: las mismas personas que le vendieron la propiedad habrían sido quienes le otorgaron el préstamo necesario para concretar la compra. Esta modalidad de «autofinanciación» por parte de las vendedoras ha despertado suspicacias sobre la naturaleza real de la transacción y la legalidad del flujo de capitales involucrado.
La controversia escaló a niveles críticos cuando las mujeres señaladas en los documentos como las prestamistas rompieron el silencio. A pesar de figurar legalmente como las proveedoras del dinero que permitió a Manuel Adorni acceder al departamento, ellas han negado de forma tajante cualquier relación personal o comercial con él. «No lo conocemos», afirmaron con seguridad, lo que deja un vacío inexplicable en la justificación de los fondos. Resulta inverosímil para los analistas que personas particulares entreguen sumas millonarias bajo la figura de un préstamo a alguien con quien aseguran no haber tenido jamás un trato directo.
Estas declaraciones no solo contradicen lo declarado por el funcionario ante los registros públicos, sino que sitúan su permanencia en el cargo en una posición prácticamente insostenible. La falta de coherencia entre los papeles notariales y el testimonio de las supuestas vendedoras-prestamistas sugiere una maniobra diseñada para ocultar el verdadero origen del dinero. En un contexto de creciente escrutinio sobre la transparencia ética, el silencio de Manuel Adorni ante la negativa de sus propias «acreedoras» refuerza las dudas sobre una operación inmobiliaria que carece de claridad y sustento lógico.