La actual referente de La Libertad Avanza y ex titular del partido amarillo a nivel nacional, Patricia Bullrich, ha logrado imponerse en la disputa por el control del PRO en Córdoba, propinando un duro revés al sector alineado con Macri. Esta maniobra política permitió que la lista auspiciada por la funcionaria nacional se quedara con la conducción del distrito, desplazando a las figuras históricas que respondían directamente a la conducción anterior. Sin embargo, la victoria ha desatado una tormenta interna de proporciones, ya que el espacio tradicional cuestiona que alguien que ya no pertenece orgánicamente a la fuerza siga interviniendo de manera tan directa en sus destinos provinciales.
El malestar en el seno del PRO es profundo debido a lo que consideran una intromisión externa por parte de quien hoy ocupa un cargo ejecutivo bajo otra bandera política. Pero la tensión no se limita al ámbito partidario; la jugada también ha generado una fuerte incomodidad en las filas del gobierno nacional. El motivo es la composición de la lista ganadora, que incluye a uno de los principales denunciantes en el polémico caso $Libra: el diputado Agost Carreño. Esta causa, que investiga presuntas irregularidades que salpican a la figura del propio Javier Milei, se encuentra bajo la atenta mirada de la justicia y ha cobrado relevancia en medios internacionales, lo que coloca a la administración central en una posición defensiva y sumamente delicada.
La alianza estratégica de la funcionaria con sectores que cuestionan judicialmente al mandatario nacional ha sido interpretada como un movimiento audaz, pero también como una fuente de conflicto innecesaria para la Casa Rosada. Mientras que el entorno de Patricia Bullrich celebra la consolidación de su influencia territorial en un distrito clave, desde el macrismo advierten que esta actitud fractura la unidad y compromete la estabilidad institucional de la fuerza. La presencia del denunciante de $Libra en el armado vencedor no solo irrita al círculo íntimo presidencial, sino que expone las contradicciones de una funcionaria que, mientras gestiona para el Ejecutivo, empodera a quienes buscan llevar al Presidente ante los tribunales.