Una manifestación se llevó a cabo en Mar del Plata, donde miembros de las fuerzas armadas y sus familias expresaron su profunda preocupación por la interrupción de sus servicios de salud. La situación es crítica, ya que un número considerable de beneficiarios se encuentra actualmente sin acceso a la atención médica esencial, una problemática que los deja en una posición de vulnerabilidad extrema. Esta movilización surge a raíz de la suspensión de prestaciones por parte de un centro hospitalario privado en la ciudad, debido a una importante deuda acumulada por la obra social que los nuclea.
La interrupción del servicio médico ha dejado a miles de personas, incluyendo personal militar activo, retirados y trabajadores civiles junto a sus seres queridos, en una situación de desamparo. Según lo expresado por Adrián Gallardo, delegado de ATE en la Base Naval, «somos muchos trabajadores civiles, personal militar y familiares afectados por esta medida. Nos cortaron el único lugar que teníamos para atendernos. Hoy no contamos con servicio.» Actualmente, solo se mantienen las atenciones para casos oncológicos y emergencias de vida o muerte, dejando al resto de los afiliados completamente desprovistos de consultas y tratamientos habituales. La deuda, que se estima en una cifra millonaria y supera los dos meses de impago, ha sido el detonante de esta crisis.
La problemática no es nueva; reportes previos ya alertaban sobre la alarma generalizada entre los militares por la falta de cobertura. A pesar de los diálogos con las autoridades locales de la obra social y de la Base Naval, la solución parece depender de decisiones administrativas tomadas en la capital. Gallardo enfatizó la sensación de impotencia al afirmar: «Estamos cautivos de IOSFA». Esta situación se enmarca en un contexto más amplio de cambios en la estructura de la obra social de las Fuerzas Armadas, donde la prometida nueva entidad aún no ha logrado brindar la cobertura necesaria, agravando la incertidumbre y el malestar entre sus afiliados. La posibilidad de que los afectados recurran a la justicia mediante medidas cautelares para garantizar su derecho a la salud es cada vez más latente.