El caso de Adorni pone en tela de juicio la coherencia entre el discurso oficial de austeridad y las prácticas de algunos de sus miembros. El jefe de gabinete, Manuel Adorni, enfrenta cuestionamientos por sus recientes desplazamientos, incluyendo el viaje de su esposa en el avión presidencial a Nueva York y un traslado en jet privado a Punta del Este, Uruguay. Estos episodios han escalado hasta el punto de que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) ha iniciado una investigación para determinar si hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El viaje a Punta del Este, realizado en febrero con su esposa y otros familiares, junto a un periodista de la TV Pública, Marcelo Grandio, generó particular controversia. Se estima que el costo de este traslado en un jet privado Honda Jet rondó los 10.000 dólares. Para ponerlo en perspectiva, una familia promedio en Argentina, con dos sueldos estables, necesitaría ahorrar la totalidad de sus ingresos durante más de un año para costear un viaje similar, sin considerar gastos básicos. La situación se complicó cuando Grandio, en un intento de defensa, ofreció declaraciones contradictorias, llegando a afirmar en un momento que Adorni «lo pagó con plata del Estado», para luego retractarse y decir que «cada uno pagó su parte».
A esto se suma la presencia de la esposa del funcionario en el avión presidencial (ARG-01) durante un viaje oficial a Nueva York. Este hecho choca directamente con el decreto 712/2024, firmado por el propio gobierno, que busca restringir el uso de aeronaves estatales a actividades estrictamente vinculadas al servicio público. A pesar de la evidente contradicción con el discurso de «la casta» y la exigencia de sacrificios a la ciudadanía, el gobierno ha cerrado filas en torno a Adorni. Desde la Secretaría General de la Presidencia se impulsó un respaldo unánime, minimizando los hechos como «fuego amigo» o una «operación» de la oposición, una postura que contrasta con la vehemencia con la que el mismo espacio político criticaría situaciones similares en administraciones anteriores. La investigación judicial, sin embargo, avanza, buscando esclarecer la legalidad y ética de estos movimientos.