La comunidad educativa de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se prepara para un escenario de interrupción de actividades académicas. A partir del próximo 16 de marzo, los docentes universitarios iniciarán una huelga por tiempo indeterminado, impulsada por la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA). La medida de fuerza responde a la exigencia de una recomposición salarial del 51% y la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una normativa que, a pesar de haber sido aprobada y contar con un fallo judicial a su favor, no está siendo acatada por el gobierno.
El gremio ha manifestado su firme postura, declarando que «no volvemos a las aulas hasta que nos paguen el 51 por ciento que nos deben y que se cumpla la ley vigente». Esta decisión fue tomada por unanimidad en una asamblea, reflejando un profundo malestar y «bronca» entre los profesores. La AGD-UBA planea una serie de acciones que incluyen paros, movilizaciones, cortes de calles y la instalación de gazebos para realizar clases públicas, buscando visibilizar el conflicto y difundir sus reclamos. Además, se sumarán a una marcha federal en defensa de la educación pública y a otras movilizaciones programadas.
La secretaria general del gremio, Laura Carboni, enfatizó que la huelga se mantendrá «hasta ganar la aplicación de la ley de financiamiento universitario y con ella, el 51% de aumento que el Gobierno, de manera totalmente ilegal, se niega a aplicar». Carboni explicó que, a pesar de la promulgación de la ley en octubre de 2025 y un dictamen judicial de diciembre de ese mismo año que obligaba a su cumplimiento, el Ejecutivo apeló la decisión y propuso una modificación que solo contempla un incremento del 12,3% en cuotas, lo que ha generado una «indignación total» en el sector. La situación actual es que la ley está vigente, pero no se está implementando, lo que ha llevado a los docentes a convocar a lo que denominan una «rebelión universitaria».
