El Gobierno bonaerense ha logrado un entendimiento con diversas organizaciones sindicales que representan a trabajadores estatales y docentes, desactivando, al menos por el momento, posibles medidas de fuerza. Este pacto incluye un incremento salarial del 7,5% distribuido entre marzo y abril, sumándose al 1,5% que ya se había otorgado en febrero. En total, el ajuste acumulado para el trimestre de febrero a abril asciende a un 9%.
Desde la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Juan Pablo Martin Oyarzabal expresó satisfacción con el resultado, destacando que el acuerdo consolida el porcentaje de febrero y establece un mecanismo de monitoreo salarial frente a la inflación, con una nueva revisión prevista para junio. Este consenso se da en un escenario de fuerte tensión económica, donde los gremios, como el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) a través de Roberto Baradel, han señalado el «gran esfuerzo» de la provincia ante «restricciones presupuestarias» y una «caída de la recaudación», atribuyendo la situación a un «ahogo financiero» por parte del gobierno nacional. Baradel enfatizó que las decisiones del gobierno central «no perjudican en particular al Gobernador, si no que afectan a la gente».
En la misma línea, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Buenos Aires, con Claudio Arévalo, valoró el 9% de aumento, pero también resaltó otros puntos como pases a planta permanente en salud y recategorizaciones, en un contexto de «gobierno ajustador» a nivel nacional. Funcionarios provinciales, por su parte, reconocieron la «situación económica extremadamente preocupante» y la pérdida de 22 billones de pesos para la provincia debido a deudas nacionales y la disminución de la recaudación, reafirmando el compromiso de mantener las mejores condiciones laborales posibles. A pesar del amplio respaldo, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) aún no ha definido su postura, y se registró un incidente con un sector disidente de SUTEBA durante las negociaciones.
Este acercamiento con las centrales obreras es interpretado también en clave política, ya que el gobernador busca consolidar apoyos de cara a futuras proyecciones. La mayoría de las organizaciones sindicales que operan en el ámbito público provincial han manifestado su respaldo, alineándose con la narrativa de una provincia afectada por la política económica central. Sin embargo, el desafío de afianzar consensos se extiende también a sectores internos del propio espacio político.