La ciudad de Mar del Plata se enfrenta a una potencial erogación multimillonaria, estimada en aproximadamente 1.700 millones de pesos, a raíz de la expropiación de un pequeño terreno conocido como la Plazoleta Almirante Brown. Un fallo de primera instancia del Juzgado Contencioso Administrativo N°2 ha condenado al municipio a abonar una suma inicial de 524 millones de pesos, a la que se le deben sumar los intereses acumulados desde diciembre de 1988. Este monto, que supera ampliamente la oferta original del gobierno local, ha generado un fuerte impacto debido a la desproporción entre el tamaño del inmueble –apenas 182 metros cuadrados con algunas palmeras y un banco– y el costo final proyectado.
El conflicto se originó cuando, tras décadas de mantenimiento municipal de este espacio público frente a Playa Varese, un heredero reclamó la restitución del bien. Ante esta situación, el gobierno local impulsó en 2017 una ordenanza para declarar el terreno de utilidad pública y, posteriormente, la Legislatura bonaerense sancionó en 2021 la Ley 15.258, habilitando la expropiación para asegurar su uso como plaza pública. Con este marco legal, el entonces intendente Guillermo Montenegro, en 2023, instruyó al área de Legal y Técnica para formalizar la adquisición de las tierras, lo que derivó en una demanda judicial. Según el magistrado, el único punto de desacuerdo entre las partes radicaba en el valor económico de la fracción a expropiar.
En el inicio del proceso, la comuna propuso un pago de 16,2 millones de pesos, cifra que se basaba en una tasación realizada por la Fiscalía de Estado. No obstante, los herederos rechazaron categóricamente esta oferta, argumentando que el monto estaba muy por debajo del valor real de mercado, considerando la privilegiada ubicación del terreno frente al mar y su potencial inmobiliario.
El magistrado a cargo del caso, Marcelo Fernández, criticó la metodología de tasación municipal, señalando «incongruencias» y un «método distorsionado» que no reflejaba el potencial inmobiliario de la zona costera. Tras evaluar tres peritajes independientes, el juez determinó que la indemnización justa ascendía a 390.000 dólares, equivalentes a los mencionados 524,55 millones de pesos. A esta cifra se le debe aplicar una alícuota del 6% anual desde la fecha de desposesión, lo que eleva el costo total a una suma que, según cálculos recientes, rondaría los 1.700 millones de pesos. El municipio ha apelado la decisión, y el expediente se encuentra ahora en la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo, a la espera de una resolución definitiva.