La creciente preocupación por el impacto de las plataformas digitales en la salud mental de niños y adolescentes ha escalado a los tribunales. Un proceso judicial de gran envergadura se desarrolla actualmente en Los Ángeles, donde se busca determinar si gigantes tecnológicos como Meta, que agrupa a Facebook, Instagram y WhatsApp, y YouTube, diseñaron intencionadamente sus servicios para generar un uso compulsivo, especialmente entre los más jóvenes. Este litigio se enmarca en un contexto global de creciente regulación, con países como Australia y España implementando restricciones al acceso de menores a estas redes.
El caso, que comenzó en febrero, sienta en el banquillo a figuras prominentes del sector tecnológico. La demanda fue interpuesta por una joven de 19 años de California, quien alega que el uso prolongado de estas plataformas le provocó adicción y depresión. La estrategia legal es innovadora, ya que plantea que las redes sociales, o ciertas características de su diseño, podrían ser consideradas «productos defectuosos» debido a su capacidad adictiva, equiparándolas a litigios previos contra industrias como la tabacalera. Esto desafía la Sección 230 de la Communications Decency Act de EE. UU., que tradicionalmente ha protegido a las empresas de internet de la responsabilidad por el contenido de terceros. Según Luis García Balcarce, abogado especializado en derechos digitales, la discusión se centra en «las decisiones de diseño propias de la plataforma, como el scroll infinito, el algoritmo de recomendación o las notificaciones compulsivas», más allá del contenido generado por los usuarios.
Expertos señalan que elementos como la reproducción automática, las notificaciones constantes y los algoritmos de recomendación están diseñados para maximizar el tiempo de permanencia y la interacción, lo que puede tener un efecto perjudicial en la salud mental de los menores. Lucía Camacho, coordinadora de Políticas Públicas en Derechos Digitales, subraya que «el centro de su argumento es que las redes sociales generan adicción, y que su diseño se enfoca deliberadamente en ese resultado». Sin embargo, las empresas demandadas argumentan la falta de evidencia concluyente que vincule causalmente el uso de redes con resultados adictivos bajo estándares clínicos. La discusión también se extiende a la Argentina, donde un proyecto de ley en la Provincia de Buenos Aires propone prohibir a menores de 13 años la creación de cuentas en redes sociales, responsabilizando a las plataformas por la verificación de edad.
Carolina Martínez Elebi, licenciada en Ciencias de la Comunicación, enfatiza que el modelo de negocio de estas plataformas, basado en maximizar la atención, «incentiva la amplificación de contenidos que generan reacción, muchas veces a costa del bienestar, la privacidad y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes». Ante esta realidad, se plantea la necesidad de un «deber reforzado de cuidado» por parte de las empresas, que vaya más allá de la mera recomendación de un «uso responsable». Esto implicaría revisar los modelos de recomendación, limitar la publicidad comportamental dirigida a menores y aumentar la transparencia sobre el funcionamiento de los algoritmos. El veredicto de este juicio, que se espera para finales de marzo, podría sentar un precedente global sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en el bienestar de sus usuarios más jóvenes.