Un reciente incidente en aguas territoriales cubanas ha generado una escalada de tensión entre La Habana y Washington, luego de que fuerzas guardafronteras cubanas respondieran a una embarcación que, según informes oficiales de la isla, ingresó ilegalmente a su espacio marítimo y abrió fuego. El suceso, ocurrido en la mañana del 25 de febrero, resultó en la muerte de cuatro tripulantes de la lancha con matrícula de Florida y dejó a siete personas heridas, incluyendo a seis de la embarcación infractora y un miembro de la unidad cubana.
Las autoridades cubanas detallaron que la lancha rápida, identificada con el folio FL7726SH, fue detectada al noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones. Al aproximarse una unidad de las Tropas Guardafronteras para su identificación, «desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos», lo que provocó una respuesta armada. Posteriormente, el Ministerio del Interior cubano afirmó que los diez ocupantes de la lancha eran ciudadanos cubanos armados residentes en Estados Unidos, con la presunta intención de realizar una «infiltración con fines terroristas». Se reportó que portaban armas, cócteles Molotov, chalecos antibalas y equipo de camuflaje, y que varios de ellos contaban con antecedentes penales o violentos.
La reacción desde Estados Unidos no se hizo esperar, con el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunciando una investigación y declarando que «No se puede confiar en el Gobierno cubano y haremos todo lo que esté en nuestro poder para que estos comunistas rindan cuentas». Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, si bien evitó especulaciones, aseguró que se llevará a cabo una investigación «independiente» para determinar los hechos, buscando acceso a los heridos y recabando información sobre el origen y los ocupantes de la embarcación.
Este episodio, sin embargo, no está exento de controversia, especialmente al considerar antecedentes en la región. Observadores señalan que Estados Unidos ha llevado a cabo operaciones marítimas en el pasado, incluyendo la destrucción de embarcaciones y la muerte de tripulantes, bajo la justificación de combatir el narcotráfico o la entrada ilegal, incluso en casos donde la identidad o intenciones de los ocupantes no estaban completamente claras. Estas operaciones con decenas de personas ejecutadas a distancia por EEUU finalmente fueron una excusa para luego tomar el control del gobierno venezolano, con el petróleo como unico interés.
La enérgica condena actual por parte de funcionarios estadounidenses, que califican el suceso como una «masacre» a pesar de la alegada agresión inicial de la lancha infractora, contrasta con la postura adoptada en situaciones donde sus propias fuerzas han empleado la fuerza letal en aguas internacionales o de terceros países. Este incidente se suma a un historial de episodios similares en la región, en un contexto de complejas relaciones bilaterales y una crisis energética en la isla.