El Senado argentino se prepara para dar luz verde al acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, una medida que podría posicionar al presidente Javier Milei como el primer mandatario regional en lograr su ratificación parlamentaria. La bancada oficialista cuenta con el respaldo suficiente para asegurar la aprobación de este convenio, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. La celeridad en el tratamiento legislativo, impulsada por la fuerza política gobernante, busca que Argentina se anticipe a sus socios del Mercosur, como Uruguay y Brasil, que también están acelerando sus procesos internos.
La estrategia gubernamental apunta a que la pronta ratificación permita a Argentina activar los beneficios económicos del acuerdo en un plazo de dos meses, lo que incluiría la posibilidad de acceder a cuotas de exportación para ciertos productos, como la carne, antes que otros países de la región. Este pacto, resultado de más de una década de negociaciones, contempla la eliminación gradual de aranceles y la adopción de regulaciones técnicas comunes, proyectando la creación de un mercado de bienes y servicios con más de 700 millones de personas. Desde la Casa Rosada, se enfatiza que esta decisión representa un «salto cualitativo y cuantitativo» en la inserción internacional del país, beneficiando a «casi la totalidad de las exportaciones agrícolas del Mercosur a la UE».
Sin embargo, el acuerdo se divide en un componente político y otro económico. El primero ha encontrado un freno, ya que el Parlamento Europeo lo remitió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para revisar su compatibilidad con los tratados comunitarios, un proceso que podría extenderse hasta por dos años. A pesar de ello, el Consejo Europeo ya posee facultades para avanzar con la integración económica con las naciones que ratifiquen el tratado. Mientras tanto, sectores de la oposición han expresado preocupación por el posible impacto negativo en la industria nacional y la capacidad de adaptación a regulaciones más estrictas, advirtiendo sobre la protección de empleos en áreas sensibles.
Además del pacto comercial, la agenda legislativa del Senado incluye la discusión sobre posibles modificaciones a la Ley de Glaciares. Este proyecto, que ha generado controversia, propone que cada provincia determine la autoridad de aplicación encargada de identificar los glaciares y el ambiente periglacial en su territorio, basándose en criterios técnico-científicos sobre su función hídrica. La iniciativa ha sido defendida por quienes argumentan que los recursos pertenecen a los distritos, mientras que críticos ambientales alertan sobre el poder que podrían tener los mandatarios locales para influir en favor de intereses empresariales, e incluso señalan posibles conflictos con pautas del propio acuerdo Mercosur-Unión Europea.