La administración estadounidense ha puesto en marcha una nueva política arancelaria, aplicando gravámenes del 10% a las importaciones. Esta decisión se produce poco después de que el máximo tribunal del país emitiera un dictamen que limitaba las facultades presidenciales para imponer este tipo de medidas bajo el argumento de emergencia nacional. A pesar de la resolución judicial, el gobierno ha optado por implementar esta estrategia económica, buscando redefinir su postura en el comercio internacional.
Estos nuevos impuestos a las importaciones, que podrían incrementarse hasta el 15%, tienen una duración inicial de 150 días, a menos que el Congreso decida extender su vigencia. La Casa Blanca ha justificado la medida como un esfuerzo para reducir «los grandes y graves déficits de la balanza de pagos». Si bien la mayoría de los productos provenientes de Canadá y México están exentos gracias a acuerdos comerciales, ciertos bienes como automóviles y acero podrían verse afectados, según lo permitido por la Corte Suprema en su fallo.
El presidente Donald Trump ha manifestado su descontento con la decisión del tribunal, llegando a acusar a algunos magistrados de estar bajo influencia externa. Sin embargo, ha asegurado que el dictamen lo deja «más poderoso» y que buscará vías legales alternativas para mantener su política comercial. Esta postura ha llevado a la modificación de decretos presidenciales previos y ha generado incertidumbre sobre el destino de los 170 millones de dólares ya recaudados por aranceles anteriores. Además, diversas empresas y estados han anunciado acciones legales para reclamar indemnizaciones, mientras el mandatario advierte que «Cualquier país que quiera ‘jugar’ con la ridícula decisión de la Corte Suprema… se enfrentará a un arancel mucho más alto, y peor, que el que aceptaron hace muy poco».