Un proyecto de gran envergadura para la producción de hidrógeno verde en Uruguay ha generado una solicitud inusual por parte de las autoridades ambientales del país vecino. El Ministerio de Ambiente uruguayo ha requerido a la empresa HIF Global que extienda su evaluación de impacto ambiental para incluir a la ciudad argentina de Colón, en Entre Ríos, como parte de las áreas potencialmente afectadas por la instalación de su planta. Esta medida subraya la preocupación por las repercusiones transfronterizas de la iniciativa, que busca producir e-combustibles en la ribera del río Uruguay.
La planta, que se ubicará en Paysandú, frente a la costa de Colón, Entre Ríos, representa una inversión superior a los 5 mil millones de dólares, proyectándose como la mayor inyección de capital privado extranjero en la economía uruguaya. Su objetivo es generar 876 mil toneladas de e-metanol y 313 mil toneladas de e-gasolina anualmente. Sin embargo, la proximidad a balnearios argentinos y la importancia del turismo para la economía de Colón han motivado un fuerte reclamo desde Argentina. Tanto el canciller Pablo Quirno como el gobernador Rogelio Frigerio han solicitado la reubicación de la planta, sugiriendo moverla 30 kilómetros tierra adentro para mitigar el impacto visual y ambiental sobre el río y las zonas turísticas.
En respuesta a estas inquietudes, el pliego de condiciones uruguayo exige a HIF Global detallar los elementos naturales y antrópicos relevantes, prestando especial atención a áreas protegidas, cuerpos de agua y centros poblados, incluyendo Colón. También se demanda un relevamiento de la oferta turística y recreativa de la zona, con énfasis en la ciudad argentina. Además, la empresa deberá justificar la selección del sitio y evaluar la incidencia del proyecto en la calidad visual del entorno, considerando la percepción desde viviendas y zonas recreativas. La fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, ya ha presentado una denuncia penal por posible contaminación ambiental. Dada la condición binacional del río Uruguay, cuya gestión recae en la CARU, las autoridades uruguayas también han solicitado estudios hidrológicos y de calidad del agua, así como una justificación de las tecnologías elegidas, con comparativas internacionales y análisis de eficiencia energética, consumo de recursos y seguridad.