La provincia de Santa Fe se encuentra inmersa en una creciente crisis de seguridad, con una protesta policial que se ha extendido más allá de Rosario y ha obligado al gobierno a movilizar personal penitenciario para suplir la ausencia de agentes en las calles. La situación, que ha generado un estancamiento en las negociaciones, se caracteriza por la falta de un liderazgo unificado entre los manifestantes y una escalada de tensión en diversas localidades. La noche del martes, la incertidumbre persistía, con nuevos focos de conflicto en ciudades como Santa Fe y Santo Tomé.
Las autoridades provinciales han manifestado su dificultad para establecer un diálogo efectivo. Omar Pereyra, secretario de Seguridad de Santa Fe, describió el escenario como uno donde «la anarquía reina dentro del reclamo», explicando que el abogado intermediario, Gabriel Sarla, no logra «sintetizar las demandas, que se multiplican todo el tiempo, y cuando vuelve a comunicar lo conversado no satisface a los que protestan». Esta falta de interlocutores claros impide alcanzar acuerdos, a pesar de la «total voluntad para escuchar» por parte del gobierno. La tensión se intensificó después de que el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, pasara a disponibilidad a veinte efectivos y les retirara sus armas, una medida que, lejos de calmar los ánimos, provocó una mayor concentración de patrulleros y agentes en las inmediaciones de la Jefatura de Rosario.
Un elemento distintivo de esta protesta es la creciente visibilidad de los policías, muchos de ellos mostrando sus rostros sin encapucharse, lo que representa un desafío abierto a la autoridad y a las posibles sanciones. Este accionar refleja un profundo malestar entre los uniformados, quienes reclaman mejoras salariales y condiciones de bienestar en un contexto de alta inflación. Desde la administración provincial, se cuestiona el momento de la movilización, argumentando que el plan de seguridad implementado ha sido «exitoso» al reducir a la mitad los índices de delitos violentos. Pereyra sugirió que, si bien existen «justos reclamos de ingresos, salud o bienestar», también hay un «resentimiento mal canalizado» en algunos grupos, aludiendo a la posible influencia de efectivos exonerados. La afectación del servicio de seguridad es severa, con más de la mitad de la flota regular desafectada y el conflicto extendido a las 19 unidades regionales de la provincia.