Una grave situación se cierne sobre los afiliados de PAMI en la Patagonia, luego de que hospitales y sanatorios privados de la región anunciaran la suspensión de la atención médica, limitándose únicamente a las urgencias. Esta drástica medida responde a la interrupción de los pagos por parte de la obra social de los jubilados, generando una crisis que los prestadores de salud atribuyen a una supuesta retención de fondos por parte del Ministerio de Economía. La decisión de los centros médicos privados pone en jaque la cobertura de miles de adultos mayores en una vasta zona del país.
Los prestadores de salud de la Patagonia han denunciado un significativo desfasaje financiero, con convenios de PAMI que arrastran un atraso del 60% frente a la inflación acumulada en los últimos dos años. Esta brecha ha provocado que, en muchas ocasiones, la realización de ciertas prácticas médicas resulte en pérdidas económicas para las instituciones. «Los gastos que tienen las prácticas de urología son más altos de los que nos paga PAMI. No es que son poco rentables, directamente perdemos plata», señaló una fuente del sector, ilustrando la inviabilidad de continuar con la atención bajo las condiciones actuales. Por el momento, la restricción abarca consultas, prácticas ambulatorias y cirugías programadas, aunque advierten que podría ampliarse si no se encuentra una solución.
La problemática se agudizó en enero, cuando los giros de dinero a las instituciones se detuvieron por completo, a pesar de que PAMI ya solía operar con un retraso de tres meses en sus pagos. Extraoficialmente, los prestadores han sido informados de que el Ministerio de Economía no estaría liberando los subsidios necesarios para cumplir con las obligaciones. Esta situación se enmarca en una política de ajuste fiscal implementada por el gobierno, que busca controlar el déficit y que ya ha impactado en otras áreas, como el retraso en la aplicación de un nuevo índice de precios al consumidor.
La atención a los afiliados de PAMI representa entre el 30% y el 40% de la facturación de las instituciones privadas patagónicas, lo que significa que el cese de pagos tiene un efecto dominó en todo el sistema de salud, afectando no solo a los pacientes sino también al personal y a los proveedores. A pesar de las advertencias previas al director de PAMI, Esteban Leguizamo, no se ha obtenido una respuesta que permita destrabar el conflicto. «La situación es sumamente grave, necesitamos una respuesta urgente que permitan la continuidad del servicio», manifestaron desde el sector, subrayando la urgencia de una intervención gubernamental para evitar un colapso en la atención médica de los jubilados.