La justicia federal ha dado un paso significativo en una investigación que destapó una compleja red de irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Un ex alto funcionario del organismo, Diego Spagnuolo, ha sido procesado sin prisión preventiva por el juez Sebastián Casanello, enfrentando graves acusaciones que incluyen la dirección de una asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado y cohecho pasivo. La magnitud del presunto perjuicio económico es considerable, con un embargo dictado que supera los 202 mil millones de pesos, y un daño estimado al erario público de más de 30 mil millones de pesos.
Según la investigación, que se extendió desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, la agencia habría operado como un «centro de operaciones» para actividades ilícitas. El fiscal Franco Picardi describió cómo «ciertas personas (funcionarios/as de la ANDIS y del sector privado vinculado al rubro de la salud), de manera coordinada y bajo acuerdos espurios, ‘integraron una organización delictiva a los fines de cometer ilícitos que les permitió obtener amplias sumas de dinero de manera indebida, en perjuicio de la administración pública'». Este esquema se habría manifestado a través de «ventanillas de pagos millonarios, permanentes y direccionados» y «ventanillas de pagos con sobreprecios», administradas incluso por «agentes externos/as con fuerte influencia en el sector de salud».
El modus operandi consistía en la manipulación de procesos de compra de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (PACBI), esenciales para personas con discapacidad y poblaciones vulnerables que carecen de otra cobertura de salud. Se implementó un sistema de compulsas de precios «especial» donde solo un grupo reducido de empresas, como Profarma SA y Génesis SA, eran invitadas a participar, simulando una competencia inexistente y elevando sustancialmente los precios. El juez Casanello remarcó que la organización «estuvo abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público y en particular de la población con discapacidad y especialmente vulnerable». Además, se detectaron «pagos indebidos a funcionarios/as de la agencia ‘a cambio de asegurar, gestionar y garantizar la ejecución'» de estas maniobras, permitiendo incluso que actores privados intervinieran directamente en la administración de recursos y decisiones del organismo.