La metodología para medir la inflación en Argentina se ha convertido en un punto de fricción, atrayendo la atención del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha solicitado aclaraciones sobre la reciente suspensión de la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta situación surge en un momento de cambio en la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), donde Pedro Lines ha asumido la responsabilidad tras la renuncia de Marco Lavagna. A pesar de las declaraciones iniciales del gobierno que minimizaban la controversia, el nuevo responsable del organismo estadístico parece inclinado a revisar la decisión y avanzar con la modernización del indicador.
Durante las recientes reuniones en Buenos Aires, los técnicos del FMI expresaron su inquietud sobre los motivos que llevaron a detener la implementación del nuevo IPC, cuya publicación estaba prevista para la difusión de los datos de enero. Una fuente cercana a las discusiones señaló que «hicieron las preguntas habituales: por qué no se va a hacer el cambio del IPC». El organismo internacional había anticipado en su informe de agosto la actualización del índice para finales de 2025 y, según trascendió, su recomendación actual es que coexistan el índice antiguo y el renovado durante un año, hasta 2027, para asegurar una transición adecuada.
En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, había intentado restar importancia a la situación, afirmando que la salida de Lavagna se dio en términos «amigables» y que «no hay presión del Fondo» para modificar el índice. Sin embargo, Pedro Lines, quien se desempeñaba como director técnico del INDEC y ahora está a cargo de facto, ha manifestado una postura diferente. En encuentros con autoridades y gremios, Lines habría indicado su intención de «guardar la independencia del poder político» y que «voy a hablar con Caputo para que lo revea lo antes posible», en referencia a la actualización del IPC. Esta posición es respaldada por la junta interna del gremio ATE, que prepara acciones para rechazar lo que consideran «una señal de intromisión política» y exigir la publicación del índice con las nuevas ponderaciones, dado que el actual utiliza una canasta de consumo con dos décadas de antigüedad.