El Presidente ha puesto en marcha una nueva iniciativa comunicacional a través de una plataforma digital, denominada «Oficina de Respuesta Oficial», con el propósito declarado de combatir la «desinformación» y lo que considera «operaciones» mediáticas. Esta medida, que busca «desmentir activamente» lo que considera noticias falsas y «dejar en evidencia» supuestas manipulaciones, ha encendido las alarmas en el ámbito periodístico y político, generando un amplio debate sobre los límites de la libertad de expresión y el rol del Estado en la verificación de contenidos. La oficina estrá a cargo del tuitero Juan Carreira, conocido en X como «Juan Doe» y bajo las directrices de Santiago Caputo.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó su «inquietud» ante las funciones atribuidas a esta oficina, advirtiendo sobre el riesgo de que se convierta en un «mecanismo de vigilancia, estigmatización o disciplinamiento indirecto del periodismo». Desde la entidad, se enfatizó que el Estado debe ser «una fuente más de información, no el árbitro de la verdad pública», y que la ciudadanía es, en última instancia, «el último juez del trabajo periodístico». La preocupación se centra en la dinámica acusatoria que podría adoptar este organismo, especialmente al calificar la actividad periodística como «operaciones de los medios».
Analistas y observadores han señalado una marcada similitud entre esta estrategia y las tácticas comunicacionales empleadas por el expresidente estadounidense Donald Trump, incluyendo la confrontación directa con la prensa y la creación de estructuras similares para «responder» a las informaciones. La dirección de esta nueva oficina recae en Juan Pablo Carreira, conocido por su actividad en redes sociales, quien reporta al asesor presidencial Santiago Caputo. Esta movida se suma a un historial de tensiones entre el actual gobierno y diversos medios de comunicación, con declaraciones previas que cuestionaban el rol de la prensa y la acreditación de periodistas en eventos oficiales.