El Congreso se prepara para un debate crucial sobre la reforma del régimen penal juvenil, una iniciativa que busca modificar la edad de punibilidad. La propuesta, impulsada por el oficialismo, ha logrado generar un inesperado consenso en algunos sectores de la oposición, lo que anticipa una votación con posibles divisiones dentro de bloques tradicionales, especialmente en el peronismo. La sesión, programada para la próxima semana, abordará un proyecto que plantea reducir la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
Un grupo de legisladores vinculados a Sergio Massa ha manifestado su inclinación a respaldar la medida, argumentando que esta postura se alinea con la trayectoria histórica de su espacio político. Según trascendió de una reunión clave, se habría indicado que «no importa que sea el Gobierno quien haya enviado el proyecto, el Frente Renovador no tiene que cambiar su posición». No obstante, estos mismos referentes han señalado deficiencias en la propuesta actual, como la ausencia de políticas claras de reinserción y la falta de una estructura institucional adecuada, incluyendo la creación de figuras como fiscales y jueces especializados en jóvenes, así como un plan de infraestructura para centros de detención y rehabilitación.
El nuevo marco legal contempla que la privación de libertad sea el último recurso, priorizando penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a las víctimas o la reparación del daño causado. Se pondrá énfasis en la creación de instituciones especializadas que garanticen educación, atención médica y tratamiento para adicciones, con personal capacitado en infancia y adolescencia, y la prohibición de convivencia con adultos. La votación se perfila como un asunto que trasciende las líneas partidarias, siendo percibido por algunos como «un voto que escapa a lo partidario, es un poco como el aborto, es un voto ideológico», lo que podría generar sorpresas en el conteo final de apoyos.