El gobierno ha tomado una decisión que generó un fuerte impacto en el ámbito judicial y político, al instruir el cese de la participación del Estado como parte querellante en la investigación sobre el millonario préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional a la gestión anterior. Esta medida, formalizada mediante un decreto, se produce apenas días después de que una magistrada decidiera archivar la causa que busca esclarecer el destino de los fondos y las responsabilidades en la toma de aquella deuda. La determinación oficial, que involucra directamente a figuras clave de la administración pasada, entre ellos el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Desregulación, Federico Sturzenegger, quienes tuvieron un rol central en la negociación de dicho empréstito, ha sido interpretada como un gesto de protección hacia ellos. La jueza a cargo de la causa, conocida por sus vínculos con el partido PRO, había resuelto el cierre de la investigación, una decisión que fue rápidamente apelada por el fiscal interviniente, quien considera que aún hay elementos por dilucidar.
La investigación judicial, iniciada tras una denuncia del expresidente Alberto Fernández, buscaba determinar si hubo irregularidades en la gestión de los más de 41 mil millones de dólares que el FMI desembolsó entre 2018 y 2019. Las acusaciones principales giraban en torno a la omisión de consulta al Congreso Nacional, un requisito constitucional para la toma de deuda de tal magnitud, y la sospecha de que los fondos no se utilizaron para fortalecer las reservas, sino para facilitar la salida de divisas del país. Un informe de la Oficina Anticorrupción, incorporado al expediente, sugería que las divisas actuaron como un «seguro de cambio» para inversores en pesos, consumiéndose en la formación de activos externos y vulnerando el deber de probidad de los funcionarios.
La magistrada había justificado el archivo de la causa argumentando que las acciones de los funcionarios no podían ser calificadas como malversación de caudales públicos, al no existir una normativa que impusiera un destino específico a los recursos. Sin embargo, el fiscal Franco Picardi cuestionó esta postura, señalando que la jueza realizó «una evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas». El fiscal insistió en que la resolución ignoró la concatenación de acciones que llevaron a la toma del empréstito y la administración de las divisas, impidiendo una apreciación integral del caso. En este contexto de disputa judicial, la decisión del gobierno de retirar al Estado como querellante añade una capa de complejidad y controversia a un expediente que ya generaba un intenso debate público.