Una reciente determinación judicial que restringe severamente el uso de vehículos todoterreno en el sector conocido como «La Frontera» en Pinamar (propiedad privada y cuyos dueños alambran años tras año, pero los turistas violan sistemáticamente) ha generado una fuerte reacción por parte de las autoridades locales. La medida, emitida por el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Dolores, prohíbe de inmediato la circulación de cuatriciclos, camionetas 4×4 y UTVs para actividades recreativas, pruebas de destreza o cualquier maniobra temeraria en los médanos costeros, buscando así salvaguardar la seguridad pública. Sin embargo, el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, ha manifestado su desacuerdo y anunció que el municipio presentará una apelación en las próximas horas.

El funcionario argumenta que la prohibición total de estas actividades es una respuesta desproporcionada, ya que la mayoría de los visitantes disfrutan de las playas de manera responsable. Para Ibarguren, el problema radica en «los pocos que no cumplen y generan situaciones de riesgo,» y enfatiza que estas prácticas motorizadas son una parte intrínseca de la identidad local y un motor económico crucial. «Esto es algo cultural de Pinamar y además genera muchísimo trabajo. Prohibir por culpa de unos pocos inconscientes no es justo ni inteligente,» declaró, haciendo hincapié en el impacto en el empleo y en la realización de eventos de marcas automotrices.

La decisión judicial surge tras una presentación del ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, y se enmarca en un contexto de preocupación creciente por los accidentes. Un trágico suceso reciente en «La Frontera,» donde un choque entre un UTV y una camioneta dejó gravemente herido a un niño de ocho años, Bastian Jerez, ha puesto de manifiesto los riesgos. Sobre este incidente, Ibarguren comentó que fue «una irresponsabilidad del padre» y que «Si hubiese tenido el cinturón de seguridad puesto, no hubiese pasado,» a pesar de que los conductores de ambos vehículos involucrados dieron positivo en los análisis de alcoholemia y perdieron sus licencias.

El municipio, según el intendente, prefiere enfocarse en reforzar los controles y aplicar sanciones rigurosas a quienes infrinjan las normas, en lugar de optar por una prohibición generalizada. «A los que corren picadas, hacen maniobras peligrosas o ponen en riesgo a otros, hay que sancionarlos con toda la fuerza,» afirmó Ibarguren, detallando que ya se han implementado medidas como el aumento de multas, secuestro de vehículos e inhabilitación de licencias. Mientras tanto, el pequeño Bastian continúa su recuperación en Mar del Plata tras múltiples intervenciones quirúrgicas, y la causa judicial avanza con pericias para determinar responsabilidades, en un debate que contrapone la tradición y el beneficio económico con la imperiosa necesidad de garantizar la seguridad.