El sector minero argentino experimenta un notable impulso, resurgiendo con fuerza bajo el actual gobierno tras años de estancamiento. En 2025, las exportaciones alcanzaron cifras récord, superando los 6.000 millones de dólares con un aumento cercano al 30% anual. El oro es el principal motor, y la producción de litio, clave para la transición energética global, ha cuadruplicado su volumen. Esta reactivación se extiende a provincias como Mendoza, donde la minería metalífera estuvo paralizada por dos décadas, aprobándose en 2025 el primer proyecto de cobre, Minera PSJ Cobre Mendocino.
Este marco de incentivos, si bien atrae capitales, genera interrogantes sobre el retorno económico real para el país. Las generosas exenciones impositivas y aduaneras, que se extienden por décadas, contrastan con modelos de otros países mineros, como Chile, donde el Estado participa de manera más activa en la renta generada por la explotación de sus recursos. Esta diferencia plantea un debate sobre si Argentina está maximizando el beneficio de sus riquezas naturales o si, en su afán por atraer inversiones, está cediendo una porción significativa de los ingresos que podrían destinarse al desarrollo nacional.
El entusiasmo de la industria se apoya en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece beneficios por 30 años. Michael Meding, CEO de Los Azules, destacó que la actual administración es «pro apertura y pro negocios», facilitando la financiación y la «seguridad jurídica y protección para la inversión». La ministra de Energía y Minería de Mendoza, Jimena Latorre, reconoció preocupación por la «efectividad de los controles». Fabián Gregorio, CEO de PSJ Cobre Mendocino, aseguró que su proyecto cumple con «todos los estándares internacionales» y tiene una «importante responsabilidad».
No obstante, la historia minera del país incluye episodios de contaminación y un debate persistente sobre el impacto ambiental. Proyectos pasados como Bajo La Alumbrera generaron críticas por el uso intensivo de agua y derrames. Actualmente, la discusión se centra en la posible reforma de la Ley de Glaciares, que protege reservas hídricas cruciales. Roberto Cacciola, titular de la CAEM, argumenta que la ley actual es demasiado restrictiva, mientras que el abogado ambientalista Jorge Daneri advierte que la reforma «destruye la visión ecosistémica de la ley» y busca «consolidar zonas de sacrificio». La promesa de salarios elevados y oportunidades laborales ha mermado la oposición social en algunas zonas, pero la tensión entre el desarrollo económico y la protección ambiental persiste.