El gobierno nacional ha presentado una propuesta legislativa ambiciosa para reformar el sistema educativo del país, buscando reemplazar la normativa vigente desde 2006. Este nuevo marco legal, denominado «Ley de Libertad Educativa», se enfoca en redefinir la relación entre el Estado, las instituciones educativas y las familias, otorgando un mayor protagonismo a estas últimas y promoviendo una mayor autonomía escolar junto con un control más estricto de los gastos.
Entre las disposiciones más destacadas de este proyecto se encuentra la introducción de mecanismos de financiación por demanda, que permitirían a las familias recibir asignaciones económicas para elegir la institución educativa de su preferencia, ya sea a través de vales, becas o instrumentos equivalentes. Asimismo, la iniciativa formaliza y regula la educación en el hogar, conocida como homeschooling, estableciendo que los alumnos bajo esta modalidad deberán inscribirse en el sistema y rendir evaluaciones para acreditar sus conocimientos.
La propuesta también busca fortalecer la participación de los padres y la transparencia en las escuelas públicas. Se prevé la creación de Consejos de Padres en cada establecimiento, con funciones de asesoramiento, supervisión y control, e incluso con injerencia en la contratación o remoción de los directores. Para fomentar una elección informada, la ley permitiría la publicación de los resultados de pruebas estandarizadas por escuela, una práctica actualmente restringida. Además, se contempla la evaluación periódica de los docentes, al menos cada cuatro años, y la reintroducción de un Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES) de carácter voluntario para los egresados.
Finalmente, el proyecto aborda la auditoría de las universidades de gestión estatal, detallando los organismos responsables de esta tarea. Es importante señalar que, a diferencia de borradores previos, esta versión final excluyó puntos conflictivos como la habilitación de la educación religiosa en escuelas estatales o la obligación de equiparar el financiamiento estatal a escuelas privadas con el de las públicas.