La Comisión Libra del Congreso argentino emitió un informe final contundente, concluyendo que el Presidente habría brindado una «colaboración imprescindible» para la realización de una presunta criptoestafa. Este dictamen, presentado por 14 diputados opositores, sugiere que «los hechos investigados hacen necesario que el Congreso evalúe si el Presidente incurrió en el mal desempeño en el ejercicio de sus funciones», según lo expresado por Maximiliano Ferraro, presidente de la comisión.
El documento detalla que «la información y el material probatorio reunidos confirma los vínculos económicos directos entre Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Hayden Davis y Sergio Morales», un funcionario de la CNV. El análisis de las cadenas de bloques reveló flujos de fondos que coinciden con los montos y fechas de la estafa, lo que, según Ferraro, describe «un presunto acuerdo de cooperación destinado a monetizar la imagen de Milei». Un elemento clave que refuerza esta hipótesis es que el Presidente publicó un número de contrato no público sin explicar su origen, lo que, para la comisión, invalida sus excusas: «Las declaraciones del Presidente de que no conocía los pormenores del proyecto carecen de sustento fáctico».
La investigación también advierte que «la estafa Libra no constituyó un hecho aislado», sino que se enmarca en un «modus operandi» que incluye otros casos como CoinX, Vulcano y Kit Protocol, donde se repiten los mismos nombres. El diputado Juan Marino, secretario de la comisión, señaló que este «Criptogate no es solo una presunta estafa sino un modus operandi que podría determinar otros tipos penales». Además, el informe hace referencia a una resolución de una jueza neoyorquina de octubre de 2025, que indica que «los dueños de los fondos obtenidos con $LIBRA podrían ser Javier Milei y Karina Milei», atribuyendo a ambos «responsabilidad política» en los hechos.
Ante la gravedad de las conclusiones, los legisladores han decidido iniciar acciones penales contra funcionarios del Poder Ejecutivo que obstaculizaron la investigación. Asimismo, presentarán un recurso ante la Corte Suprema contra agentes del Poder Judicial que denegaron el auxilio para la comparecencia de citados. La Comisión Libra subraya la necesidad de una «respuesta institucional acorde por parte de los poderes del Estado argentino» frente a estos hallazgos que, según el informe, son compatibles con el delito de estafa.