El alivio que el Gobierno había prometido al campo afectado por las inundaciones comenzó a diluirse rápidamente y generó fuerte malestar entre los productores. La visita reciente de Patricia Bullrich a 9 de Julio había despertado esperanza, pero la letra chica del plan reveló que los 1.900 millones de pesos anunciados deberán repartirse entre 20 municipios, y no entre cinco como se esperaba. En las zonas rurales más golpeadas aseguran que la ayuda “es simbólica” ante la magnitud de los daños.
Durante una reunión con representantes del sector, el enviado de la ministra, Santiago Hardie, explicó que la asistencia incluirá solo un puñado de maquinarias —una retroexcavadora, una motoniveladora, una motopala y dos camiones— además de algunos vehículos del Ejército. “Del anuncio a la realidad hay una decepción enorme”, aseguró Patricia Gorza, dirigente de Federación Agraria y productora de la región. La referente consideró que lo prometido “no alcanza ni para atender dos accesos rurales” y que, de mantenerse así, “es una verdadera tomada de pelo”.
Según estimaciones locales, el paquete dispuesto por Nación equivale al nivel de ayuda que cada uno de los municipios necesitaría por separado para atender los caminos devastados por nueve meses de agua. Además, los productores cuestionaron que las máquinas estarán disponibles por pocos días y no durante todo el verano, cuando podrían ejecutar obras clave. “Si llegamos a marzo sin avances, el invierno será aún peor que este”, advirtió Gorza.
La crisis hídrica provocó una reducción drástica en la superficie sembrada, con pérdidas de hasta el 80% en trigo y una paralización total de la siembra de gruesa. En ese marco, el reclamo al Gobierno nacional se enfoca también en la necesidad de acelerar las obras del Salado y el Nodo Bragado, indispensables para el drenaje. Mientras crece la frustración, los productores organizan protestas y advierten que el campo no puede seguir esperando respuestas.