En Chile se ha desatado una intensa polémica luego de que una investigación periodística localizara en Argentina a una mujer que figuraba como desaparecida durante la dictadura de Augusto Pinochet. Se trata de Bernarda Vera, una profesora y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), detenida en 1973 y dada por muerta. Sin embargo, la periodista de Chilevisión la encontró en Miramar, provincia de Buenos Aires, donde vive bajo el nombre de «Anita». Este hallazgo pone en tela de juicio la información oficial y ha provocado fuertes críticas hacia el gobierno chileno.
El encuentro fue tenso: al acercarse la cronista y preguntarle «¿Señora Bernarda?», la mujer respondió con un firme «sí», pero se mostró confundida ante las cámaras y se negó a continuar la conversación. Un hombre que la acompañaba intervino, tomó del brazo a la mujer y cerró la puerta de su casa, advirtiendo a la periodista: «No pueden pasar por encima de las personas» y amenazó con llamar a la policía. Desde el interior, alguien le dijo a la reportera: «Mire, la persona que vino sabe lo que yo pienso». Estas palabras reflejan la resistencia de la mujer a hablar públicamente sobre su situación.
El gobierno chileno, a través del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló que «no tienen la certeza de que la persona que actualmente se encuentra en Argentina sea efectivamente Bernarda Vera» y que se están recopilando antecedentes para confirmar su identidad. Mientras tanto, la oposición cuestiona la administración de Boric, especialmente en relación con las pensiones que recibe la familia de Vera, y ha solicitado a la Contraloría investigar quiénes conocían la posible supervivencia de la mujer y cómo se manejaron los recursos públicos.
Este caso ha reabierto el debate sobre la memoria y la justicia en Chile. El historiador Pablo Seguel advirtió que «aclarar dudas sobre posibles errores no puede convertirse, bajo ningún motivo, en un instrumento del negacionismo o el revisionismo que busca reescribir la historia con mentiras». La responsabilidad ahora recae en el Poder Judicial para determinar la veracidad de la información, mientras la sociedad chilena sigue expectante.