Un juez federal de Pehuajó, Héctor Heim, impuso una multa diaria de 200 mil pesos a Sebastián Pareja debido al incumplimiento en la presentación de un plan para retomar más de 30 mil obras paralizadas en barrios populares. Desde noviembre pasado, Pareja no ha cumplido con la orden judicial que le exige un plan alternativo para finalizar obras de agua, cloacas, electricidad y vivienda, que afectan a casi 350 mil familias en 39 barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
La medida judicial surge tras una cautelar presentada por vecinos de estos barrios a través del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que logró que el juez diera un plazo de tres meses para que el Gobierno diseñara una solución. Sin embargo, la falta de respuestas llevó a que en mayo se suspendiera la liquidación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y se aplicara la multa a Pareja hasta que cumpla con la presentación requerida. Esta situación se agravó cuando el presidente Javier Milei disolvió el FISU y transfirió sus recursos al Tesoro Nacional, lo que fue interpretado por el Cels como un incumplimiento deliberado.
Los abogados del Estado apelaron la sanción y cuestionaron la competencia del juzgado, argumentando que no es necesario presentar un plan alternativo hasta contar con recursos presupuestarios y según la situación económica del país. Sin embargo, el juez Heim reiteró la intimación y exigió en un plazo perentorio de 10 días que se informe si existe alguna otra política pública destinada a garantizar la integración socio urbana y los derechos asociados ante el desfinanciamiento denunciado.
Esta situación mantiene en vilo a miles de familias que esperan la finalización de obras esenciales para mejorar sus condiciones de vida, mientras el Gobierno continúa sin brindar respuestas concretas.