El rechazo del Congreso a una serie de decretos delegados impulsados por el Ejecutivo obligó al Gobierno a dar marcha atrás y restablecer las normativas que habían sido eliminadas o modificadas. Estas medidas, que implicaban la fusión, disolución o eliminación de varios organismos públicos, fueron anuladas tras la desaprobación parlamentaria, lo que llevó a que las disposiciones originales volvieran a regir oficialmente con la publicación de los Decretos 627/2025 y 628/2025 en el Boletín Oficial.
Entre las principales modificaciones revertidas se encuentran la fusión entre el Instituto Nacional Yrigoyeano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, así como la pérdida de autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos, que ahora recupera su estatus como organismo independiente. También se reinstauraron la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Vialidad, que habían sido disueltas. Además, se anuló la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal.
El Congreso también frenó un régimen especial para la Marina Mercante Nacional que había flexibilizado condiciones laborales y declarado la navegación como servicio esencial. Durante el debate, la oposición cuestionó la falta de fundamentos para eliminar organismos clave, mientras que desde el oficialismo se defendió la reorganización y la reducción del gasto público. Finalmente, el Gobierno se vio obligado a restablecer las estructuras y funciones originales de los organismos afectados, bajo la supervisión transitoria de varias dependencias ministeriales hasta que todo vuelva a la normalidad.