La investigación judicial por las presuntas coimas vinculadas a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, continúa su curso con nuevas medidas que prolongan el secreto de sumario. El juez federal Sebastián Casanello, a solicitud del fiscal Franco Picardi, decidió extender por diez días más la reserva sobre la causa que se abrió tras la difusión de audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. Esta medida busca preservar la integridad de la investigación en una etapa clave.
Además, el magistrado aceptó la incorporación de la ONG Poder Ciudadano como querellante en el expediente, lo que permitirá a esta organización acceder al material y presentar acusaciones paralelas a las del fiscal. La fundación, reconocida por su lucha contra la corrupción, fundamentó su pedido en que los hechos investigados afectan intereses colectivos, como el correcto funcionamiento del Estado y el uso de recursos públicos.
Por ahora, no se han formulado imputaciones formales, aunque la causa avanza con el análisis de teléfonos secuestrados, documentación incautada y la revisión de las compras estatales a la droguería Suizo Argentina, involucrada en el caso. En paralelo, Ariel De Vincentis, jefe de seguridad de Nordelta, fue procesado por supuestamente haber demorado el ingreso de la Policía al complejo para favorecer a los dueños de la droguería antes de un allanamiento.
Este avance judicial refleja la complejidad y la sensibilidad del caso, que mantiene en vilo la escena política y judicial, mientras se espera que las próximas semanas arrojen más claridad sobre las responsabilidades y posibles sanciones.