El Gobierno nacional ha recurrido a una medida extrema para frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, hermana del presidente, en un intento por evitar que el escándalo siga afectando su imagen de cara a las elecciones. La orden judicial, dictada por el juez Alejandro Maraniello, no solo prohibió la publicación de estos materiales, sino que además autorizó allanamientos en los domicilios particulares de periodistas que decidan mencionarlos, una acción que ha generado una fuerte polémica y cuestionamientos sobre la libertad de prensa en el país.
Constitucionalistas destacados han expresado su preocupación y rechazo ante esta resolución, calificándola como un claro caso de censura previa, práctica prohibida tanto por la Constitución Nacional como por tratados internacionales suscritos por Argentina, como el Pacto de San José de Costa Rica. Según expertos como Daniel Sabsay y Cristian Cao, la medida vulnera derechos fundamentales al impedir la libre difusión de información de interés público y limita el trabajo periodístico, además de poner en riesgo el secreto de la fuente y el acceso de la ciudadanía a noticias relevantes. La censura previa, sostienen, es incompatible con un sistema democrático y representa un retroceso en la protección de las libertades básicas.
A esto se suma la polémica que rodea al juez Maraniello, quien enfrenta nueve denuncias en su contra, cinco de ellas por presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado, además de acusaciones por abuso de poder y maltrato laboral. Mientras el proceso disciplinario avanza en el Consejo de la Magistratura, la actuación del magistrado en este caso ha sido cuestionada por su historial y por la gravedad de las medidas ordenadas. El uso de la justicia para intentar controlar la difusión de información comprometida ha encendido las alarmas sobre la posible erosión de la libertad de expresión y el derecho a la información en Argentina, en un contexto político ya tensionado por la crisis electoral y la polarización social.