El presidente Javier Milei ha tomado una decisión controvertida al incluir a Giselle Castelnuovo, actual funcionaria encargada de supervisar y financiar las elecciones, en el décimo puesto de la lista de candidatos de su partido en la provincia de Buenos Aires. Castelnuovo, que ocupa el cargo de Subsecretaria de Asuntos Políticos y dirige la Dirección Nacional Electoral (DINE), ha suscitado críticas por su doble rol, ya que se le considera que no debería ser candidata mientras mantiene una posición clave en la administración electoral.
La DINE es responsable del financiamiento de las campañas y de la regulación de los procesos electorales, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la ética de su candidatura. Un exfuncionario del macrismo expresó que «es raro y desprolijo que sea candidata», sugiriendo que esta situación es sin precedentes en la política argentina. Además, se ha señalado que, aunque no hay incompatibilidades legales explícitas, el espíritu de las normas sugiere que un funcionario electoral no debería postularse.
Críticas adicionales provienen de sectores del peronismo, donde un diputado afirmó que Castelnuovo debería renunciar a su cargo para evitar conflictos de interés. La situación ha generado un debate sobre la transparencia y la imparcialidad en el proceso electoral, especialmente considerando que Castelnuovo tiene acceso a información privilegiada sobre el financiamiento y la logística electoral.
La decisión de Milei de incluir a Castelnuovo en la lista de candidatos ha sido vista como un intento de consolidar el control sobre el proceso electoral, lo que ha levantado preocupaciones sobre la integridad de las próximas elecciones en la provincia. La controversia en torno a su candidatura podría tener repercusiones en la percepción pública del gobierno y en la confianza en el sistema electoral.