Manuel Adorni, vocero presidencial, se vio obligado a cancelar las membresías pagas de su canal de YouTube tras un escándalo que generó gran polémica. El canal, que se transmite desde Casa de Gobierno utilizando equipos públicos de la Agencia Télam, ofrecía contenidos exclusivos y ventajas como comentarios destacados e insignias de lealtad a cambio de una suscripción mensual de 1000 pesos. Esta monetización de recursos estatales provocó críticas y cuestionamientos sobre la ética y legalidad del accionar del funcionario.
La situación salió a la luz luego de que un usuario de Twitter, Samuel González, denunciara públicamente la existencia de estas suscripciones pagas, lo que llevó a que los miembros del canal recibieran correos informando la cancelación de sus suscripciones. González también solicitó información a la Oficina Anticorrupción, aunque desde el organismo indicaron que confían en la buena fe de los funcionarios y no cuentan con mecanismos para verificar el origen de los fondos declarados.
La polémica se suma a un contexto de críticas hacia el uso de recursos públicos para fines personales y pone en evidencia la falta de transparencia en la gestión de Adorni, quien no especificó en su declaración jurada si los ingresos por YouTube formaban parte de sus percepciones oficiales. Este episodio generó un fuerte debate sobre el manejo de los recursos estatales y la responsabilidad de los funcionarios en el uso de medios digitales para actividades privadas.