El gobierno nacional reconoció públicamente el fracaso en el intento de privatizar el sistema de trenes de pasajeros, admitiendo que la operación de Trenes Argentinos no es rentable y que resulta muy complicado atraer inversiones privadas para hacerse cargo del servicio. A pesar de las intenciones iniciales de la administración de Javier Milei y su equipo, que buscaban transferir la gestión a manos privadas, la realidad mostró que la empresa estatal genera pérdidas millonarias y depende casi en su totalidad del financiamiento público para sostenerse.
Según datos oficiales, los ingresos estimados para este año alcanzan los 83.801 millones de pesos, mientras que los gastos operativos superan el billón de pesos, lo que implica un déficit proyectado cercano a los 979 mil millones. El boleto cubre apenas el 7,8% de los costos, y el 92% de los ingresos proviene del Estado. Además, la plantilla laboral es de más de 23 mil empleados, con un alto porcentaje del gasto destinado a salarios. Esta situación no es exclusiva de Argentina, ya que en países desarrollados como Estados Unidos, Alemania o Francia, los sistemas ferroviarios también son gestionados públicamente debido a su naturaleza deficitarias y la necesidad de inversiones constantes en infraestructura.
Frente a esta realidad, el gobierno decidió suspender la privatización de la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y anunció una inversión de 50 millones de dólares para renovar material rodante y mejorar la infraestructura. Aunque esta cifra es modesta frente al déficit total, representa un giro respecto a la política previa que había abandonado obras clave, como el paso bajo nivel en Junín. El Ejecutivo también destinará recursos para obras en vías, puentes y adquisición de maquinaria, buscando reactivar un sistema ferroviario que había quedado paralizado y que es fundamental para la movilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires.