La Casa Rosada selló este lunes el veto a las dos leyes sancionadas por el Congreso que preveían un incremento extra para jubilados y un fondo de emergencia para personas con discapacidad. Con la firma de Javier Milei, el Poder Ejecutivo argumentó que ambas normas “quebraban la sostenibilidad fiscal” y abrían un hueco de más de 1,2 billón de pesos en las cuentas públicas.
En los pasillos del Palacio Legislativo ya se encendieron las alarmas. La coalición oficialista confía en que la oposición no alcanzará los dos tercios necesarios en ambas cámaras para revertir la decisión presidencial, pero reconoce que el desafío pasa por los gobernadores. Al menos cinco mandatarios provinciales que votaron a favor de las iniciativas aún no confirmaron cómo se posicionarán si se convoca a sesión especial. “Necesitamos 72 votos en Diputados y 37 en Senado; hoy no los tenemos”, admitió un referente del interbloque opositor.
Desde el Ministerio de Economía celebraron la medida como un “freno a la emisión” y aseguraron que el gasto adicional hubiera obligado a retocar el acuerdo con el FMI. En cambio, organizaciones de discapacidad y jubilados anunciaron movilizaciones para la semana próxima. “Veto es sinónimo de ajuste sobre los que menos tienen”, advirtieron desde la Federación de Jubilados. Mientras tanto, el oficialismo apuesta a que el ruido callejero no alcance para torcer la voluntad de los legisladores cuando se trate el tema en el recinto.