El ajuste sobre la administración pública ya se siente en los números: desde diciembre de 2023 hasta junio de 2025 el Estado nacional redujo su plantilla en un 15,8 %, lo que equivale a más de 50.000 puestos de trabajo que dejaron de existir. El dato surge de un relevamiento de la consultora Ecolatina basado en la información oficial de la Oficina Nacional de Presupuesto y demuestra que la baja no se limitó a la reestructura inicial: los despidos y retiros voluntarios se extendieron durante todo el primer semestre de este año.
El área más afectada fue la Administración Pública Central, donde el personal cayó un 18 %, seguida por organismos descentralados y empresas estatales que perdieron entre 12 % y 14 % de sus empleados. En contraste, las fuerzas de seguridad y los servicios penitenciarios registraron caídas menores al 5 %, lo que muestra que el recorte se concentró en despachos burocráticos y organismos considerados “superfluos” por el equipo de Javier Milei.
Desde el Ministero de Economía celebran el ahorro fiscal: calculan que la reducción de planta ya generó un alivio anual equivalente al 0,6 % del PBI. Sin embargo, los gremios estatales advierten que la caída del consumo interno y la sobrecarga de tareas en las reparticiones que quedaron operativas empiezan a impactar la calidad de los servicios. “No se trata solo de números; hay trámites que demoran meses y oficinas que atienden al 60 % de la demanda con la mitad del personal”, advirtieron desde ATE.