La municipalidad de Allen, en la provincia de Río Negro, fue objeto de un procedimiento judicial este lunes, luego de una denuncia que involucra al intendente Marcelo Román, perteneciente al partido La Libertad Avanza, y al empresario de medios local, Sebastián Ocampo. La investigación se centra en acusaciones de peculado contra el jefe comunal y de usurpación de cargo público contra el empresario.
La denuncia, presentada por el Tribunal de Cuentas municipal a fines de junio, señala a Ocampo por ejercer funciones propias del intendente sin tener la facultad legal para ello. Esto incluiría la toma de decisiones en la gestión municipal, la participación en reuniones de gabinete y la injerencia en compras, contrataciones y asignaciones presupuestarias. El Tribunal de Cuentas también investiga el pago de honorarios a la radio de Ocampo a través de publicidad y una supuesta triangulación de facturas.
Según la defensa del intendente Román, a cargo del abogado Matías Rubio, la documentación requerida por la fiscalía fue entregada voluntariamente, evitando así un allanamiento. Sin embargo, la policía provincial se hizo presente en la municipalidad, centrándose en la Secretaría de Hacienda.
Este procedimiento judicial se suma a una serie de renuncias de funcionarios del gabinete municipal, quienes argumentaron irregularidades en la gestión de Román, aunque sin realizar denuncias formales ante la Justicia. Además, concejales de la oposición han denunciado «acoso y hostigamiento» por parte del Ejecutivo municipal.
La fiscal María Celeste Benatti y la fiscal jefa Graciela Echegaray solicitaron una reserva pública de diez días sobre las actuaciones para proteger la información recabada.