Un nuevo capítulo se escribe en el largo y tortuoso litigio por la expropiación de YPF. La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ha dictaminado que Argentina debe ceder el 51% de las acciones de la petrolera a Burford Capital, el fondo buitre que adquirió los derechos del juicio. Esta decisión, que agrava la ya pesada carga económica que enfrenta el país, ha desatado una tormenta política y financiera, con repercusiones tanto en Wall Street como en el mercado local. El monto adeudado, que ya supera los 17.000 millones de dólares, sigue creciendo debido a los intereses acumulados.

El fallo de Preska ha sido calificado como «inédito» y «contundente», y ha generado una fuerte reacción por parte del gobierno argentino. El presidente Javier Milei, fiel a su estilo, no tardó en expresar su opinión a través de redes sociales, calificando a Axel Kicillof, ex ministro de Economía y principal responsable de la expropiación, como un «inútil soviético» o ]»el soviético es un pelotudo». Además, anunció que Argentina apelará la sentencia en todas las instancias posibles, buscando defender los intereses nacionales. Sin embargo, la jueza parece estar impaciente con los esfuerzos de Argentina por cumplir la sentencia, lo que podría complicar aún más la situación.

La decisión de Preska ha tenido un impacto inmediato en los mercados. Las acciones de YPF se desplomaron en Wall Street, mientras que los bonos argentinos también sufrieron una caída. La incertidumbre sobre el futuro de la petrolera y la posibilidad de que el país deba desprenderse de una parte importante de sus acciones han generado nerviosismo entre los inversores. A pesar de este panorama sombrío, fuentes cercanas al caso señalan que Burford no estaría interesado en quedarse con la empresa, sino en cobrar la deuda, lo que abre la puerta a posibles negociaciones.

El camino que tiene por delante Argentina es complejo y lleno de obstáculos. La apelación del fallo podría tardar más de un año en resolverse, y mientras tanto, el país deberá lidiar con la presión de Burford y la amenaza de posibles embargos. Además, la falta de diálogo entre el gobierno argentino y el fondo buitre dificulta la búsqueda de una solución negociada. En este contexto, resulta crucial que Argentina defina una estrategia legal sólida y explore todas las opciones posibles para proteger sus intereses y evitar un desenlace aún más perjudicial. La situación exige una respuesta coordinada y responsable por parte de todos los actores políticos y económicos, con el objetivo de minimizar el impacto de este fallo y preservar el futuro de YPF.