Javier Iguacel, exfuncionario de la gestión de Mauricio Macri, se encuentra en el centro de la polémica por una operación financiera que involucra pozos petroleros otorgados por YPF. La maniobra, que ha generado fuertes críticas en el sector energético, consiste en un «carry trade» de deuda en dólares que podría reportarle ganancias millonarias sin haber realizado una inversión significativa.
Según investigaciones periodísticas, Iguacel fundó la empresa Bentia Energy S.A. con un capital inicial mínimo, apenas unos pocos miles de dólares, y logró quedarse con importantes áreas de explotación de YPF en Vaca Muerta. A pesar de no contar con la solvencia financiera requerida por la Ley de Hidrocarburos, la adjudicación fue aprobada por el gobierno neuquino.
El plan de Iguacel no se basa en la explotación petrolera en sí, sino en la emisión de deuda en dólares en el exterior, utilizando como garantía los activos que le fueron entregados por el Estado a través de YPF. De esta manera, busca financiar operaciones locales que generen dólares, aprovechando el diferencial cambiario para obtener ganancias sustanciales.
Esta operación ha sido calificada como una privatización encubierta con favores políticos, en la que los beneficios serían privados y los eventuales riesgos correrían por cuenta del Estado argentino. Mientras tanto, YPF ha experimentado una fuerte caída en sus ganancias, despidos de personal y venta de activos estratégicos.
En el sector energético se especula con que detrás de la jugada de Iguacel se encuentran figuras como Mauricio Macri y Marcos Galperín, el creador de Mercado Libre. La polémica operación ha puesto en tela de juicio la transparencia en la gestión de los recursos públicos y la posible existencia de conflictos de interés en la adjudicación de áreas petroleras.