En un giro controvertido, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, asignó 160 viviendas del plan Procrear, previamente adjudicadas a familias de Avellaneda, a efectivos de fuerzas federales. La decisión ha generado indignación entre los damnificados, quienes preparan acciones legales, y críticas desde la Defensoría del Pueblo.
Las viviendas, ubicadas en el edificio Sagol, habían quedado paralizadas tras la llegada de la administración actual, a pesar de contar con un alto grado de avance. Ante la falta de respuestas, el municipio de Avellaneda solicitó la devolución del predio, cedido originalmente para la construcción de las viviendas Procrear. Sin embargo, el Gobierno optó por destinarlas a las fuerzas federales, en un acto encabezado por la ministra Patricia Bullrich.
El Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, calificó la medida como una «estafa», argumentando que se debió respetar la adjudicación original. García detalló que las viviendas fueron adjudicadas en noviembre de 2023, y que incluso algunas familias recibieron las tarjetas del banco para iniciar los trámites, pero el proceso se frenó repentinamente por orden del Gobierno.
El funcionario cuestionó el procedimiento utilizado para reasignar las viviendas y denunció que los efectivos policiales las recibieron sin costo alguno. Además, sugirió que la decisión de afectar a Avellaneda tiene motivaciones políticas. Ante la falta de respuesta de las autoridades, la Defensoría del Pueblo recomendará acciones judiciales.
Mientras tanto, más de 40 adjudicatarios damnificados ya han decidido recurrir a la Justicia. En paralelo, 25 familias de efectivos policiales han ocupado las viviendas, en un edificio que, según fuentes, será administrado por una autoridad policial. La medida se produce en medio de crecientes denuncias por falta de cobertura de la obra social de la Policía Federal, lo que genera malestar dentro de la fuerza.