El gobierno de Alberto Weretilneck enfrenta una semana complicada en Río Negro, con múltiples frentes de conflicto abiertos. A las denuncias de manipulación legislativa y apropiación de proyectos opositores, se suman protestas en el ámbito educativo y crecientes preocupaciones por la violencia en el sector de la salud.
En el ámbito educativo, estudiantes de escuelas técnicas se movilizaron en Roca para exigir la derogación de la Resolución 6488/24, que consideran perjudicial para su formación. Lisandro Guth, presidente del Centro de Estudiantes del CET N° 3, lanzó una dura crítica al gobernador, invitándolo a «comer manzanas podridas» para experimentar las carencias que sufren las escuelas, incluyendo falta de comida, malas condiciones edilicias y falta de insumos básicos. Esta protesta se suma a las denuncias de adoctrinamiento ideológico en las aulas, luego de que se conociera material sesgado en un taller de comunicación en una escuela secundaria de General Roca. La UnTER, lejos de negar la acusación, defendió la intencionalidad política en la educación, generando aún más controversia.
Por otro lado, el sector de la salud pública se encuentra en estado de alerta ante el aumento de agresiones contra sus trabajadores. Insultos, golpes y mordidas son moneda corriente, según denuncia Cesira Mullally, secretaria general de Asspur. La dirigente gremial advierte que el sistema de salud está «implosionando» debido a la falta de recursos y la sobrecarga laboral, lo que genera frustración en los pacientes y, en muchos casos, deriva en violencia contra el personal de salud. Una médica de Bariloche relató haber sufrido la fractura de dos dedos por parte de un paciente intoxicado, un ejemplo de la creciente exposición a la violencia que enfrentan los profesionales de la salud en la provincia.