El gobierno argentino está finalizando los detalles de una reforma migratoria que se implementará a través de un decreto, evitando así la necesidad de buscar consensos en el Congreso. La medida, anunciada por el presidente Javier Milei el 1 de marzo, busca restringir los criterios para otorgar la residencia a extranjeros y facilitar la deportación de aquellos que cometan delitos en el país.
Una de las principales modificaciones que incluirá el decreto es el cobro a extranjeros no residentes por el acceso a la salud pública, aunque esta medida se limitaría a los hospitales nacionales. También se evalúa la posibilidad de extender esta medida a la educación universitaria, permitiendo a las universidades cobrar a quienes no sean residentes permanentes.
La reforma también endurecerá los criterios para solicitar la residencia o el pasaporte argentino, y se espera la creación de una visa especial para quienes realicen inversiones en el país. En contrapartida, se agilizarán los procesos de deportación para extranjeros que delinquen y se podrían aplicar mayores restricciones para la solicitud del Estatuto de Refugiado.
La redacción y revisión de este proyecto ha estado a cargo de María Ibarzábal, de la Secretaría de Legal y Técnica. El gobierno justifica la reforma argumentando la necesidad de ser «bravísimos con los delincuentes que delinquen» y complementar las acciones que está llevando a cabo el Ministerio de Seguridad Nacional en el norte del país.
Varias provincias, como Salta, Mendoza, Santa Cruz y Jujuy, ya han implementado sistemas de cobro por la atención médica a extranjeros no residentes, con resultados positivos en términos de ahorro y reducción de la demanda.