En una movida que ha generado controversia, el gobierno nacional habría acordado con la provincia de Santa Cruz una inversión de 335 millones de dólares a cambio del apoyo de sus senadores a los pliegos de Ariel Lijo y García Mansilla, propuestos para la Corte Suprema. El acuerdo se habría concretado un día antes de la sesión en el Senado, con la firma de un memorándum de entendimiento entre el gobernador Claudio Vidal y el presidente de YPF, Horacio Marín.
Según fuentes cercanas a la negociación, los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, cuyo voto es crucial en votaciones ajustadas, se comprometieron a no obstaculizar el avance de los candidatos propuestos por el gobierno. A cambio, la provincia recibiría fondos para obras públicas y para cubrir el déficit de la Caja de Servicios Sociales y el salario de los trabajadores pasivos.
Esta maniobra ha sido criticada por sectores de la oposición, que la consideran una muestra de cómo el gobierno utiliza a YPF con fines políticos, comprometiendo su independencia y exponiéndola a riesgos legales. La jugada también podría debilitar la posición de Argentina en el juicio que enfrenta YPF en Nueva York, donde se reclaman miles de millones de dólares por la expropiación de la empresa durante el gobierno kirchnerista. «Tengo muchas negociaciones en mi vida, pero usted es uno de los mejores con los que me tocó negociar», dijo Marín a Vidal.