El gobierno ha decidido mantener los pliegos de los jueces designados para la Corte Suprema, Manuel García Mansilla y Ariel Lijo, a pesar de la creciente controversia en el Senado. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que ambos magistrados seguirán en sus cargos hasta el 30 de noviembre de este año, a la espera de la discusión que se llevará a cabo en la Cámara Alta el próximo 3 de abril.
Francos subrayó que “el gobierno no va a retirar los pliegos”, en respuesta a las especulaciones sobre un posible rechazo en el Senado. García Mansilla ya ha asumido como ministro del máximo tribunal, mientras que Lijo aún no ha tomado posesión de su cargo. La situación ha generado un debate político intenso, ya que el artículo 99 de la Constitución Nacional establece que los jueces de la Corte deben ser aprobados por el Senado con el voto favorable de dos tercios de los presentes.
El Frente de Todos y parte del radicalismo, liderado por Martín Lousteau, han firmado despachos en la comisión de Acuerdos que, aunque formalmente son favorables, buscan en última instancia el rechazo de ambos pliegos. Se estima que con 25 votos en contra, los candidatos podrían ser rechazados, lo que ha llevado a acusaciones de que el Poder Ejecutivo ha abusado de su poder al realizar estas designaciones «en comisión» durante el receso legislativo.
La situación de Lijo se complica aún más debido a que no ha renunciado a su cargo actual, lo que le impide asumir en la Corte. Por su parte, García Mansilla ha jurado en su cargo, pero su nombramiento también enfrenta cuestionamientos legales. La ex diputada Elisa Carrió ha presentado un planteo de Amicus Curiae, calificando el decreto de designación como “inconstitucional y nulo”.
A pesar de la controversia, la Corte Suprema no ha cuestionado la validez de los nombramientos. Sin embargo, el futuro de Lijo en la Corte sigue en suspenso, ya que su pliego debe ser evaluado por el Senado, donde la oposición ha manifestado su intención de rechazarlo. En medio de este debate, el gobierno también ha expresado su firme postura en contra de la moratoria jubilatoria, afirmando que no se aprobará ningún proyecto que no tenga un financiamiento claro.