El Gobierno argentino se enfrenta a un día crucial, donde intentará aprobar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que le permitirá formalizar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Al mismo tiempo, deberá gestionar la seguridad en los alrededores del Congreso, donde se prevé una nueva marcha en apoyo a los jubilados, que podría generar disturbios similares a los de la semana pasada.
Desde la Casa Rosada, hay confianza en que se contarán con los votos necesarios para ratificar el DNU. Los líderes de La Libertad Avanza han mantenido conversaciones con otros bloques parlamentarios y creen que tienen el respaldo suficiente para evitar el rechazo del decreto firmado por el presidente. Aunque algunos miembros de la oposición, como el Partido Justicialista, han convocado reuniones para unificar su posición, desde el oficialismo consideran que solo intentan obstaculizar el proceso.
El DNU debe ser aprobado por ambas Cámaras para que no pierda vigencia, y si el oficialismo logra asegurar su apoyo en Diputados, no será necesario debatirlo en el Senado. Además, se ha coordinado un operativo de seguridad para controlar la marcha, que se anticipa más numerosa que la anterior. Funcionarios del Gobierno creen que la situación será diferente esta vez, ya que se espera la participación de varios sectores, incluidos sindicatos y agrupaciones universitarias.
Para evitar incidentes, se han establecido controles en los micros que se dirigen a la movilización, y se ha dispuesto un fuerte despliegue policial en las inmediaciones del Congreso. El objetivo es prevenir disturbios y garantizar la seguridad de los asistentes, especialmente tras los recientes episodios de violencia que dejaron a un fotógrafo gravemente herido. La Policía de la Ciudad y la Federal estarán presentes, y se han implementado cortes de calles para facilitar el control del tráfico y la seguridad durante la protesta.