En Río Negro, se ha reactivado un proyecto legislativo que busca modificar la Ley de Ética Pública, con el objetivo de fortalecer la transparencia en la gestión de los funcionarios. La propuesta, impulsada por el legislador del PRO, Juan Martin, plantea que el Tribunal de Cuentas verifique la información contenida en las declaraciones juradas patrimoniales que deben presentar los funcionarios al asumir sus cargos. Esta iniciativa se presenta en un contexto donde la rendición de cuentas ha cobrado relevancia, especialmente tras un decreto del gobernador de Neuquén que exigió a su planta política la presentación de sus patrimonios.

Desde la implementación de la Ley de Ética Pública en 2001, se ha exigido a los funcionarios la presentación de sus declaraciones juradas, pero la nueva propuesta busca añadir mecanismos que garanticen un control más riguroso. Entre las modificaciones propuestas, se incluye la obligación para el Tribunal de Cuentas de publicar en su sitio web un listado de los funcionarios que no cumplan con esta exigencia, así como la verificación de la información presentada a través de consultas al Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social.

La ley actual abarca a un amplio espectro de funcionarios, desde el gobernador hasta jueces y personal de organismos de control. La modificación también introduce un procedimiento para sancionar a aquellos que no cumplan con la presentación de sus declaraciones, que puede incluir la retención de salarios y, en casos graves, la cesantía. Además, se contempla un plazo de 90 días para que los funcionarios en ejercicio se adapten a las nuevas exigencias una vez que la ley entre en vigencia. Este esfuerzo legislativo busca responder a la creciente demanda de mayor transparencia en la función pública y asegurar que los funcionarios rindan cuentas de su patrimonio.