La Legislatura de Río Negro aprobó por mayoría las prórrogas de concesiones hidrocarburíferas. Sin embargo, el bloque del PRO decidió no apoyar los proyectos debido a la negativa del oficialismo de incluir un Seguro de Caución para las empresas involucradas. Inicialmente, el bloque tenía una clara intención de respaldar ambas iniciativas, pero la falta de garantías adecuadas para proteger a la provincia ante los riesgos asociados con la industria petrolera llevó a esta decisión.

Los proyectos, que recibieron el apoyo de 31 legisladores y el rechazo de 14 en el primer caso, y 30 a 15 en el segundo, ratifican los acuerdos entre la provincia y las empresas Petróleos Sudamericanos SA y JCR SA. Sin embargo, el bloque del PRO, representado por Juan Martín, expresó su preocupación por la seguridad jurídica y la necesidad de un seguro que respalde las operaciones en un sector tan delicado.

Martín argumentó que «queremos que la provincia sea petrolera, gasífera, pero queremos que se cumpla la ley», enfatizando la importancia de establecer un marco regulatorio que proteja los intereses de Río Negro. Sin el Seguro de Caución, el bloque consideró que el riesgo para la provincia era demasiado alto, lo que llevó a su decisión de no acompañar los proyectos. «Vinimos con toda la intención de votar a favor, sólo pedimos que se agregue un marco mínimo de seguridad, no es para que nadie se ofenda» dijo el presidente del PRO esperando una postura de acompañamiento por parte del oficialismo que nunca llegó.

¿Que es un Seguro de Caución?
Un seguro de caución ambiental es un seguro que protege a las personas o empresas que realizan actividades riesgosas para el medio ambiente. Este seguro cubre los daños que puedan causar a la salud humana, a los recursos naturales o al medio ambiente.

Por su parte, José Luis Berros, del bloque Vamos con Todos, expresó su preocupación señalando que «Weretilneck no ha cumplido con los compromisos establecidos en contratos anteriores y pretende que continuemos otorgando cheques en blanco». Además, subrayó que «a pesar de la insistencia del gobierno por renegociar contratos, las obligaciones previas no han sido cumplidas».

A pesar de las críticas de la oposición, el oficialismo defendió las prórrogas, argumentando que estas permitirán que los pozos convencionales sigan produciendo y que las pequeñas y medianas empresas continúen operando.