La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha tomado la decisión de despedir a una funcionaria tras la controversia generada por la publicación de la resolución 187/2025, que contenía términos despectivos como «débil mental», «idiota» e «imbécil» en relación a personas con discapacidad intelectual. Diego Spagnuolo, el titular de la agencia, confirmó que las personas responsables de esta situación ya han sido desvinculadas. Además, se supo que otra funcionaria presentó su renuncia después de participar en la redacción del documento.

Los términos utilizados llamaron la atención tanto por lo violento y discriminatorio como por ser los adejtivos que el Presidente de la Nación utiliza como algo natural para agredir periodistas y políticos que no se ajustan a sus creencias.

La resolución, que fue publicada en el Boletín Oficial en enero, establecía criterios para la evaluación médica de invalidez para acceder a Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Spagnuolo se pronunció en redes sociales, explicando que la inclusión de esos términos fue un error y no tuvo intención discriminatoria, atribuyéndolo a un uso de terminología obsoleta. Aseguró que se realizarán modificaciones a la normativa para alinearla con estándares médicos y normativos actuales, garantizando que la terminología sea adecuada y respetuosa.

ANDIS también anunció que se iniciará una investigación interna para identificar a los responsables de la inclusión de esos términos inapropiados en la resolución. La agencia se comprometió a corregir la resolución 187/2025, asegurando que la nueva redacción estará en consonancia con referencias internacionales, como la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5). Las modificaciones no alterarán los criterios de evaluación establecidos.

La controversia ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar y actualizar el lenguaje utilizado en documentos oficiales relacionados con la discapacidad, para evitar situaciones que puedan considerarse ofensivas o discriminatorias hacia las personas con discapacidad.