El presidente Javier Milei ha firmado un decreto para nombrar en comisión a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como nuevos miembros de la Corte Suprema, en un contexto de falta de consenso político en el Senado. Esta decisión se produce tras casi un año de intentos fallidos para cubrir las vacantes en el máximo tribunal, lo que ha generado un clima de tensión en el ámbito político. La Casa Rosada espera que ambos juristas asuman sus cargos lo antes posible, a pesar de la oposición que ya se ha manifestado en el Congreso.

El decreto, que lleva el número 137/2025, fue publicado en el Boletín Oficial y establece que, de acuerdo con la Constitución Nacional, el presidente tiene la facultad de cubrir vacantes en la Corte durante el receso legislativo mediante nombramientos en comisión. Sin embargo, el proceso no está exento de complicaciones, ya que Lijo deberá solicitar una licencia de su cargo actual como juez federal, lo que requerirá la intervención de la Cámara Federal y la propia Corte.

Desde el Gobierno, se argumenta que la designación de Lijo y García-Mansilla es fundamental para fortalecer la Corte, aunque enfrentan una fuerte resistencia por parte de la oposición, que critica el método de nombramiento. El kirchnerismo, que tiene un papel clave en el Senado, ha expresado su rechazo a esta maniobra, considerándola una violación de la normativa vigente. A pesar de esto, en el entorno de Milei se muestra confianza en que Lijo contará con el respaldo necesario para su aprobación, mientras que la situación de García-Mansilla es más incierta.

El Ejecutivo tiene la intención de que ambos juristas sean invitados a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, programada para el próximo sábado. La posibilidad de que asuman sus funciones en ese evento sería una señal de la nueva composición de la Corte. Sin embargo, el tiempo apremia y los desafíos políticos continúan, ya que la oposición ha dejado claro que no se rendirá fácilmente ante esta decisión.